Cuando en marzo de 2020 el Gobierno de España decretaba el Estado de Alarma debido a la pandemia producida por el Covid-19, y entre otras cosas se limitaba la movilidad de los españoles, muchos pensaban que esta fórmula excepcional nunca se había dado en la historia de España. Sin embargo, cabe señalar que la misma es una medida legítima pues desde el retorno de la Democracia a España tras el franquismo, se ha declarado en cuatro ocasiones. La primera en diciembre de 2010, por una huelga de los controladores aéreos, y las de marzo de 2020 y las dos siguientes en octubre de ese mismo año por la crisis de la Covid-19, si bien la primera de octubre de éstas sólo afectó a la Comunidad de Madrid.
Dicha situación vivida con especial preocupación en Jamilena, ha traído algunas muertes entre los vecinos y decenas de contagios. Pero ¿esta situación se vivió en tiempos pretéritos y existiendo un gobierno democrático? Pues cabe decir que sí, concretamente durante la Segunda República (1931-1936), donde a causa de los conflictos, pequeñas revoluciones, golpes y huelgas, los diferentes gobiernos republicanos, de uno u otro color llegaron a decretar hasta 62 estados de alarma, excepción y guerra. Uno de ellos fue el que tuvo lugar en diciembre de 1933.
La victoria de los partidos de centro-derecha y derecha en las elecciones a Cortes de noviembre de 1933 llevó a éstos al gobierno ejecutivo de la Segunda República. Con ello, se daba inicio al periodo que conocemos como el bienio radical-cedista (1933-1936). Pero la búsqueda de la abstención en las elecciones por parte del anarcosindicalismo, representado por la CNT, y su escaso eco llevó a dicho sindicato a la búsqueda de una alternativa mediante la insurrección para la instauración del comunismo libertario.
El 8 de diciembre de 1933, cuando se estaba dando la apertura en las Cortes de esta nueva etapa política, la CNT declaró la huelga general revolucionaria. Un hecho que tuvo su epicentro en Zaragoza, extendiéndose por Aragón y La Rioja, además de otros puntos de la geografía española como Andalucía, Extremadura, Cataluña, cuenca minera de León y algunos núcleos industriales diseminados. Al día siguiente, la huelga se extendió por todo el país, dando lugar a que se promulgara el estado de alarma en toda España y se procediera a la clausura de las sedes de la CNT y la FAI
¿En qué consistía entonces el estado de alarma? En aquellas fechas, diciembre de 1933 tal disposición venía recogida en la Ley de Orden Público, que había sido aprobada apenas cuatro meses atrás. En la misma se señalaba que el Gobierno estaba facultado para declarar el estado de alarma “cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria e inminente gravedad”. Facultaba a las autoridades gubernativas para practicar registros de domicilios, detenciones preventivas, imponer penas de destierro hasta 250 kilómetros, obligar a presuntos alteradores al cambio de residencia, prohibir actos públicos y disolver asociaciones consideradas peligrosas. En palabras del médico liberal Sánchez Covisa (abajo en la imagen), defensor del dictamen, el estado de alarma “es un estado de suspensión absoluta de garantías. De modo que del estado de alarma al de guerra no hay más que un paso: la resignación de los poderes de la autoridad civil y la entrega del mando a la autoridad militar”.
Aunque es posible que los vecinos de Jamilena supieron de la declaración del estado alarma a las pocas horas de la misma gracias a la radio, y con más detalle a los pocos días debido a la prensa escrita, oficialmente las autoridades del municipio no fueron informadas hasta pasada una semana de la dicha declaración. Así el consistorio jamilenudo, compuesto en su totalidad por concejales agrario-derechistas y presidido por Antonio Pérez Damas (abajo en la imagen), en el pleno celebrado el 16 de diciembre de 1933 trataba como primer punto del día este asunto tras recibir una circular del Gobernador Civil de Jaén. Tal hecho se reflejaba así en el libro de actas: “Leída la Circular del Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia anunciando el Estado de Alarma decretado para todo el territorio nacional por el Gobierno de la República, quedó autorizada la Alcaldía con plenitud de facultades en el orden económico-administrativo para la fiel observancia de esas disposiciones, en lo que afecta a este Municipio”.
Volviendo a los hechos revolucionarios, hay que decir que dicha insurrección anarquista fue sofocada a los pocos días de su inicio por las fuerzas de orden público y el ejército, aunque en el caso de Jamilena no tuvo apenas incidencia. Y es que a pesar de la conflictividad laboral que caracterizó al primer quinquenio republicano en el municipio, debido al elevado paro obrero, ésta nunca fue motivo para que proliferaran opciones anarcosindicalistas en Jamilena, pues tales reivindicaciones siempre fueron realizadas en forma de manifestaciones, huelgas…, por la principal organización obrera jamilenuda de entonces, la llamada Sociedad Obrera, de tendencia ugetista.
Acabado el estado de alarma a los pocos días, la situación revolucionaria cesó si bien el conflicto laboral y el paro obrero siguieron siendo un obstáculo para lograr la ansiada paz social que no llegaba. Sin embargo, el inicio de la guerra civil en el verano de 1936 hizo que la situación cambiara totalmente, dándose un conflicto largo y duro sobre el que hablaremos en futuras entradas al blog.
José Carlos Gutiérrez Pérez, cronista oficial de Jamilena
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